MEHUIN Y CELCO: LA CONTIENDA ES DESIGUAL

A principios de abril, el conflicto que enfrenta a los pescadores artesanales de Mehuín con Celco, la empresa que quiere construir un ducto submarino para botar sus desechos industriales, cobró una víctima inesperada: René Durán, jefe de gabinete del Subsecretario de Pesca, fue destituido de su cargo tras dar una respuesta oficial a la carta enviada por el gremio pesquero a la presidenta Bachelet, exigiendo un pronunciamiento del Gobierno frente al conflicto. La responsabilidad de dicha respuesta se delegó en Durán, quién luego de analizar el caso apoyó la postura de los pescadores, aduciendo que el ducto submarino “no es una solución aceptable”.

Rápidamente, Celco exigió explicaciones a la Subpesca, y la respuesta vino en la forma de un desmentido, en el que el organismo público retrocede y dice no poder pronunciarse sobre un tema que compete a la Comisión Nacional de Medioambiente, y que la carta fue la opinión personal de un funcionario “de rango menor”, el que fue rápidamente destituido.

Este episodio ilustra dos cosas. Por una parte, exhibe el poder de Celco frente al Gobierno y por otra, demuestra el estado de indefensión en que se encuentran los pescadores de la caleta de Mehuín, que no obstante la desigualdad de la contienda, no piensan bajar los brazos, pese a llevar más de 10 años de conflicto.

En 1996, la empresa CELCO presentó su proyecto para levantar una gigantesca planta de celulosa en la Provincia de Valdivia, al sur de Chile. La inversión de mil 300 millones de dólares, contemplaba la construcción de un ducto de 54 kilómetros de largo, que llevaría los desechos tóxicos de la fábrica al litoral valdiviano, en las cercanías de Mehuín, una antigua caleta donde conviven pescadores artesanales y comunidades indígenas (Lafkenches). El 30 de mayo del mismo año, la Comisión de Medioambiente de la Décima Región aprobó el proyecto, y sugería dos alternativas para evacuar los desechos industriales de CELCO: la construcción de una planta de tratamiento terciario, o la evacuación directa al mar. La empresa optó por lo segundo, debido principalmente a ser la opción menos costosa.  

De inmediato, los vecinos de Mehuín se organizaron para manifestar su rechazo al ducto, que desembocaría a 20 kilómetros de la caleta, amenazando con contaminar y deteriorar el rico ecosistema de la zona, que es además un área de manejo protegida y asegurada por ley para los pescadores artesanales. Los desechos que CELCO descargaría al mar, estaban cargados de residuos químicos organoclorados, compuestos cancerígenos y mutagénicos, escasamente biodegradables, que se acumulan en los tejidos de los organismos filtradores (machas, almejas, choritos, etc.) y de los peces, y luego pasan al ser humano cuando los consumen. Debido a su toxicidad, persistencia y bioacumulación, los químicos organoclorados encabezan el listado de sustancias altamente nocivas para el medio marino.

Para evitar el desastre, los pescadores de Mehuín se organizaron para impedir que la empresa hiciera en terreno su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito legal indispensable para desarrollar el proyecto. Durante los cinco años que duró el conflicto, CELCO intentó varias veces quebrar la resistencia mehuinense, ofreciendo pavimentación de calles, escuelas, puentes y otras mejoras urbanas y viales. Además, logró que las autoridades de la región apoyaran decididamente el proyecto, transformando al Intendente regional y a varios parlamentarios en verdaderos voceros y defensores de la planta. Por último, se intentó convencer a los habitantes de Mehuín de no contar con los conocimientos técnicos necesarios para saber si el ducto peligroso era o no peligroso, o si el proyecto entero revestía algún peligro para el medioambiente.

Pero todas estas estrategias fueron infructuosas, Al final, la empresa desistió de la idea del ducto submarino y optó por descargar sus desechos directamente al Río Cruces, pocos kilómetros más arriba del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwandter. En octubre del 2004, los efectos de la planta de celulosa se dejaron sentir en toda su magnitud, aniquilando la flora y fauna del Santuario, confirmando los miedos de la comunidad y de las organizaciones ambientales, que evitaron que el mismo desastre ocurriera en la costa marina. Con su decidida oposición, los vecinos de Mehuín marcaron la ruta para futuras luchas ambientales y sociales en la zona, especialmente en la cercana Valdivia, que el mismo 2004 se organizó en torno a Acción por los Cisnes, para denunciar el desastre del Santuario del Río Cruces y exigir el cierre de la planta.

A principios del 2005, y cuando CELCO era fuertemente cuestionada por su responsabilidad en uno de los mayores desastres ambientales de la historia chilena, sus ejecutivos comenzaron a barajar la posibilidad de retomar el proyecto original y construir finalmente el gigantesco emisario submarino. La voz de alerta corrió rápido y los dirigentes lafkenches y de la pesca artesanal, volvieron a aliarse para evitar que tal propuesta se llevara a cabo. Sebastián Martín, dirigente mapuche de San José de la Mariquina (comuna donde está emplazada la planta) señaló en esa oportunidad que “nuestra lucha es social y cultural más que económica y existe un nexo con los sindicatos de pescadores que quedó desde la primera ocasión en que intentaron instalar el ducto en Mehuín y nuestra propuesta como comunidades Mapuche es que se cierre la planta pues no ha traído ningún beneficio a la comuna ni a las comunidades de la zona”.

En agosto del mismo año, el entonces presidente Ricardo Lagos respaldó públicamente el proyecto del ducto, al señalar a través de la prensa nacional que esperaba que CELCO buscara una alternativa marina para sus desechos, pero sin afectar la pesca. La declaración fue recibida con profundo malestar en la comunidad de Mehuín, que entendía que es imposible descargar desechos industriales en un área de pesca, sin afectar al ecosistema, y por ende la forma de vida y subsistencia de las personas ligadas a ese espacio.

Debido a la oposición ciudadana, en especial de los pescadores que se organizaron para patrullar el mar e impedir que CELCO realizara sus análisis, la empresa solicitó una prórroga de dos años para realizar su Estudio de Impacto Ambiental, petición que fue aceptada por la COREMA de la Décima Región. Paralelamente, los ejecutivos de la industria denunciaron como hostilidades las acciones de los pescadores de Mehuín, y solicitaron el apoyo y protección de la Armada de Chile, lo que también fue concedido.

Con la llegada de las embarcaciones de guerra, la situación se tensó al máximo, hasta que en agosto del 2006 hubo un enfrentamiento en alta mar entre efectivos de la Armada y pescadores locales. La situación puso en riesgo la vida de los civiles que participaron en la acción, mientras diversas voces de todos los ámbitos criticaron el rol de guardaespaldas de la empresa que estaba desempeñando la Armada.

Eliab Viguera, dirigente de los pescadores de Mehuín, recuerda así el incidente: “un pescador cayó al agua, luego que una nave de la Armada embistiera a una lancha con pescadores. Como estamos preparados para labores de rescate, los propios compañeros pudieron sacarlo del mar y continuaron con los patrullajes. El área se encontraba militarizada con barcos que protegían las naves de Celco, entre las que se encuentran las patrulleras 'Antofagasta', 'Chiloé' y 'Quinteros', más una nave mayor propia de operaciones militares que es el 'Ingeniero Slight', que transportaba una cantidad de marinos que oscila entre los 60 y los 200”. Además, Viguera desmintió que los pescadores portaran armas de fuego, como se aseguró en algún momento.

Tras el incidente con la Armada, Mehuín retornó a la normalidad, pero bajo una tensa calma: caminando por sus calles, es fácil percibir en los lienzos, graffitis, y banderas que pueblan la caleta, que su gente no se ha olvidado del conflicto, ni siquiera sabiendo que el Gobierno le dio una extensa prórroga a Celco para realizar sus estudios. Para Gino Bavestrello, presidente de la Asociación de Armadores Cerqueros de Valdivia (ACERVAL) esta “manga ancha” es una muestra más del cerrado respaldo de las autoridades a la empresa papelera. “Pero no nos vamos a rendir, vamos a evitar que se instale el ducto, cueste lo que cueste”.