Vladimir Riesco, abogado ambientalista:

"CHILE VIVE DE ESPALDAS AL MAR"

En octubre del 2004, miles de cisnes de cuello negro desaparecen del Río Cruces, cerca de Valdivia, en el sur de Chile. Algunos ejemplares caen muertos en pleno vuelo sobre los techos de una ciudad que contempla horrorizada la destrucción de una de las reservas ecológicas más hermosas e importantes del país. De inmediato, la comunidad empieza a exigir responsabilidades y sanciones, pero ninguno con tanto ímpetu como el abogado Vladimir Riesco, que sentó al consorcio empresarial más importante de Chile en el banquillo de la Corte Suprema.

Vladimir Riesco (40 años, 3 hijos, abogado y profesor de historia) camina y habla mucho más rápido que el resto de los valdivianos, que en contraste avanzan pausadamente contemplando el hermoso entorno de su ciudad, llamada La Perla del Sur. Pero si se piensa en que la mayor amenaza que ha enfrentado Valdivia, la planta de Celulosa CELCO, descarga al río 900 litros de desechos tóxicos por segundo, se entiende que este abogado no tiene tiempo que perder.

¿Cómo comenzó este conflicto?

El problema se inicia en febrero del 2004, cuando comienza a operar la planta Celulosa Valdivia de Celco, y se sienten olores pestilentes en la ciudad. Se forma una organización en aquella época, constituida casi exclusivamente por algunos empresarios y académicos de la Universidad Austral, que se llamó AGRUPA. Lo que fuimos comprobando en la medida en que nos reuníamos, fue que la planta estaba operando sin cumplir con lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y lo que era más grave aún: que los servicios públicos que debían fiscalizar la planta, no tenían ni la capacidad técnica ni los recursos para poder controlar adecuadamente lo que ocurría.

Recuerdo que en una reunión con el director regional de la CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente), él nos señaló que sencillamente no podía asegurarnos cuál era la composición de los gases que se percibían en Valdivia. Con eso nos dimos cuenta que estábamos absolutamente desamparados y que íbamos a tener que defendernos como ciudadanos, solos y con nuestros propios recursos.

Así fue como investigando, descubrimos que la planta estaba operando sin recepción de obras por parte de la Municipalidad, por lo tanto había infracción a la Ley de Urbanismo y Construcción; también había infracción al Código Sanitario: las calderas no habían sido recepcionadas adecuadamente, el tema del tratamiento de gas no era el mismo que se había señalado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y por ello entonces impusimos nuestro primer recurso de protección (junio-julio del 2004).

¿Hubo alguna sanción por parte del Municipio de San José de la Mariquina?

Hubo muchas sanciones. En aquella época había una figura muy importante en este conflicto, que era un concejal de San José de la Mariquina, el doctor Juan Ramón Silva, que fue muy crítico de Celco, y obligó al municipio a sancionarlo y que dispusiera el cese de faenas. Esa fue la primera vez que se cerró la planta.

¿Qué pasó después? ¿Cómo ocurrió la muerte de los cisnes?

El cisne de cuello negro es el ave más emblemática de la zona, ya que hace unos 25 años atrás aproximadamente, se empezó a desarrollar una gran colonia que llegó a tener más de 7 mil ejemplares en el Santuario de la Naturaleza, en el nivel estuarino del Río Cruces, 30 kilómetros aguas abajo del punto donde Celco vierte sus riles (residuos industriales líquidos: desechos que bota la empresa como consecuencia del proceso productivo). En este lugar, lo normal es que en un invierno común y corriente, las aves se concentren en el centro del santuario, pero cuando hay muchos temporales y llueve, se van hacia los extremos, hacia canales más protegidos. Uno de esos canales está cerca de la carretera, en el camino que va de Valdivia a San José. En ese lugar se empezaron a ver miles de cisnes de cuello negro, y la gente estaba feliz, porque antes no se veían los cisnes tan de cerca, pero a los que más o menos conocíamos el lugar nos llamó la atención, porque no había sido un año especialmente lluvioso.

Luego los cisnes empezaron a salir a la carretera, comenzaron a ser atropellados, después empezaron a pastar, a comer pastos en los potreros, y luego ya, en septiembre-octubre, los cisnes volaban y empezaron a caer muertos sobre los techos. Y esto ya provocó alarma pública, porque la gente ya estaba asustada con los olores, y con esto se indignó y salió a la calle.

ALGO HUELE MAL EN CELCO

Riesco explica que en aquella época, producto de los olores que llegaban a Valdivia, los incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y a antecedentes similares en otra planta de la misma empresa en Itata, es que la COREMA (Comisión Regional de Medioambiente) contrató una consultora de ingenieros químicos, quienes debían verificar el proyecto construido y contrastarlo con lo señalado en la RCA y el EIA, y compararlo además con plantas de celulosa instaladas en la Octava Región.

En noviembre del 2004, llegó el informe final, donde se establecía que efectivamente había 19 incumplimientos a la RCA, en diferentes ámbitos: tratamiento de Riles (residuos industriales líquidos), contaminación de residuos sólidos, etc. Pero el más importante de todos era que la capacidad productiva de la planta era distinta a la que se había informado y autorizado, y no sólo la capacidad era mayor a la evaluada, sino que además estaba siendo usada. Si la planta trabaja a su capacidad máxima, a razón de 850 mil toneladas anuales, implica una mayor producción de riles, que no están contemplados dentro de los parámetros del estudio.

Además de producirse más riles, el residuo que se está vertiendo es absolutamente distinto al informado en el EIA. Por ejemplo el coagulante sulfato de aluminio, presente en las muestras de los riles de CELCO, no estaba evaluado ambientalmente.

Riesco señala que por eso, antes del recurso de protección, presentaron una denuncia, acogiéndose a una figura presente en el Artículo 291 del Código Penal, que sanciona a aquél "que propagare indebidamente sustancias contaminantes que pongan en peligro la salud animal o vegetal" y además el artículo 136 de la Ley de Pesca, sanciona a aquél que vierta químicos que afecten los recursos hidrobiológicos. "Nosotros presentamos una querella contra quienes resultaren responsables por estos delitos, antes incluso del recurso de protección, y esta querella se transformó después en una investigación desformalizada, que sigue hasta el día de hoy en esa etapa, pero ahora estamos haciendo intentos para formalizar, estamos a la espera de un informe de la policía de investigaciones que pedimos en abril del 2006, y todavía no lo entregan".

Con ese informe, el abogado pedirá que se formalicen cargos contra algunos ejecutivos de la planta, puesto que según consta en un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al menos en diciembre de 2004 se notificó la emisión de sulfato de aluminio a niveles por encima de la norma, y que no había evaluación ambiental de esas emisiones. "Incluso hay cartas entre el gerente de operaciones de Celco, José Vivanco, con el director regional de la CONAMA, Raúl Arteaga, donde le plantea que tienen problemas con el manejo del sulfato de aluminio, es decir, éste era un tema que ellos conocían", dice Riesco, agregando que además, "la resolución de calificación ambiental establece que en el caso de producirse impactos ambientales no previstos, estoy obligado a llamar inmediatamente a la autoridad ambiental y comunicarlo, pero acá no se comunicaron nada, excepto después, cuando ya quedó la escoba".

Esto demuestra simplemente que la muerte de los cisnes fue producto de la operación de la papelera y que esto se debió a que la planta opera sin cumplir con el Estudio de Impacto Ambiental. Pero de haberse hecho un EIA que diera cuenta de lo que iba a ocurrir, sencillamente el proyecto no hubiera podido ser autorizado. "En ninguna parte se hubiera aceptado la instalación de una planta de este tipo, aguas arriba de un santuario de la naturaleza, más aún si es un sitio Ramsar. Sin embargo el sistema chileno tiene esos defectos y lo permite", dice Riesco.

¿Qué otras acciones legales tomaron?

Paralelamente a todo esto, nosotros pedimos otra acción judicial al Consejo de Defensa del Estado (CDE), una acción de reparación por daño ambiental, que en el fondo lo que persigue es que el responsable del daño, lo reponga a su costo. En Chile, la acción la pueden levantar los directamente afectados, los municipios o el CDE. Nosotros como agrupación ciudadana, decidimos que fuera este último porque es un órgano que debiera defendernos a todos, y porque va a cubrir con sus recursos, con recursos públicos, todos los estudios que sean requeridos. Esa causa todavía está en etapa de discusión, y ahora estamos empezando a molestar y pidiendo diligencias, porque según hemos sabido el CDE estaría negociando un arreglo con Celco, pero la empresa no estaría dispuesta a asumir su responsabilidad frente a los hechos.

¿Qué significaría este acuerdo?

O sea, lo que Celco está diciendo es "mire, nosotros estamos dispuesto a hacer donaciones y contribuciones para reparar el daño, a través de una Fundación que se cree para ello, pero en caso alguno estamos dispuestos a asumir que somos responsables". Y eso a nosotros no nos parece, porque de partida el costo de la reparación es enorme, es mucho mayor a lo que se pretende hacer hoy día, y además de eso, es esencial que se asuman las responsabilidades, de lo contrario queda una sensación de impunidad que es inaceptable.

¿Qué pasó con el recurso de protección que ganaron en la Corte de Apelaciones de Valdivia?

Celco apeló a la Corte Suprema, y nosotros reforzamos lo que se había fallado acá en Valdivia, y las pruebas que habíamos entregado acá, con más de 100 fichas clínicas de personas que habían tenido problemas respiratorios durante la etapa de crisis de los gases, que era producto también de la inestabilidad en el sistema. Acompañamos el informe definitivo de la Universidad Austral, que acreditaba que en definitiva la destrucción del Santuario era responsabilidad de esta empresa. Todos nuestros argumentos se basaban en documentos oficiales encargados por la CONAMA.

Celco, por su parte, presentó un informe propio, incluso con el logo de la empresa, que se basaba en muestras tomadas por la Universidad de Concepción, pero esta Universidad no había analizado nada ni había hecho ningún informe. Pero la Suprema recogió íntegramente el informe de Celco (un informe de dos hojas para echar abajo un informe gigantesco de la Universidad Austral) como si fuera un informe de la Universidad de Concepción.

Esto significaba algo raro: ¿cuál era esa rareza? Que la sala ni siquiera se había leído el expediente. O sea, la sala se basó en los alegatos de la parte contraria para fallar y creyó o simplemente hizo un acto de fe en lo que dijo la defensa de Celco, lo que refleja una falta absoluta de acuciosidad y a nuestro juicio un notable abandono de deberes, por lo tanto, nos contactamos con algunos parlamentarios de la zona, y presentaron una acusación constitucional, que me tocó defender en el Congreso, e increíblemente, muchos parlamentarios que debieron tener una posición más acorde, no se sumaron, y esa acusación no llegó más allá. Además de eso, nosotros presentamos una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que está ingresada a partir del 19 de abril del 2006.

¿Qué vacíos ves como abogado en la normativa ambiental, cuando se trata de regular proyectos de la magnitud de las plantas de Celco?

De partida, el sistema está diseñado a la medida de este tipo de empresas, pero el verdadero problema, el gran defecto está en la fiscalización. La CONAMA tiene facultades para hacerlo, pero no tiene estamentos, no tiene una unidad de fiscalización, sino que lo hace a través de lo que se llama Comité Operativo de Fiscalización, que son órganos creados por la CONAMA y autorizados por la ley de bases, que sirven para los proyectos más grandes o más polémicos, y éstos comités están compuestos por representantes de organismos públicos relacionados con la actividad industrial específica, por ejemplo para el caso de la planta de Valdivia, está el Servicio Agrícola Ganadero, la CONAMA, etc.

Ellos van a fiscalizar periódicamente y van a definir si se sanciona o no, ellos proponen esas sanciones a la COREMA, pero el órgano soberano que decide si procede o no sancionar es la Comisión Regional de Medioambiente, que está compuesta por 4 Consejeros Regionales (elegidos por los concejales), los que normalmente no tienen competencia científica, lo mismo que los Gobernadores Provinciales y los Seremis, entonces es un organismo esencialmente político, que generalmente vota en forma unánime y además de eso, el nivel de sanción es muy bajo (hasta 500 UTM). A Celco las sanciones más grandes que le han cursado son de cinco o seis millones de pesos, y más encima no ha pagado ni una, porque las ha reclamado todas.

En resumen: no hay una adecuada fiscalización, en segundo lugar, las sanciones no son acordes al nivel de la empresa, por ejemplo, si tú sometes tu proyecto al EIA, tendrás sanciones mucho más bajas que si no lo hubieras metido al sistema y te hubieras regido por las sanciones de la Ley Sanitaria.

¿Cómo se explica que la normativa ambiental chilena sea tan pro-empresa?

Celco es una empresa de un grupo económico con mucha vinculación política especialmente a la DC, de hecho el presidente del Directorio de Celco, Alberto Etchegaray, es padre del superintendente de servicios sanitarios y uno de los que participó en la redacción del programa de Michelle Bachelet. Y además, está el tema del empleo, los tipos argumentan que aquí ellos dan empleo a mucha gente y qué se yo... pero en la práctica están creando un monstruo porque la industria forestal chilena y especialmente los pequeños productores están temblando frente al monopolio que representa la Forestal Arauco. Pero bueno, ha sido la opción de desarrollo de nuestro país.

¿Y qué pasa con el poder judicial? ¿Se alinea con esta tendencia?

No sé, el hecho de que hayamos ganado en Valdivia 3-0 significa que los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia vieron los antecedentes y votaron en conciencia como corresponde, sin importar el poder de la parte contra la cual iban a actuar. Y cuando se falló en la Suprema, y se cuestionó duramente a los ministros que votaron sin ni siquiera leer el expediente, provocó que hoy día los altos magistrados van a tener más cuidado, porque ya saben que los abogados no vamos a temer denunciar una situación de este tipo y que la opinión pública no va a aceptar tampoco un Poder Judicial que no funcione adecuadamente.

Los fallos del último tiempo, por ejemplo, el que ganó el Tranque el Mauro contra la Minera Los Pelambres, que es una empresa poderosísima, son señales importantes de cambio en el poder Judicial, y están asumiendo que la normativa ambiental es débil y le corresponde a ellos hacer la pega.

¿Qué se viene para adelante con el Caso Celco?

Revisar la Resolución de Calificación Ambiental, porque hoy día esa resolución libera a Celco de su responsabilidad por los daños ambientales que esté provocando por el vertido de sus Riles al Río Cruces. Por tanto hoy día, quien es responsable de eso es quién emitió esa resolución, que es la CONAMA, y yo creo que los caminos judiciales que vienen son esos, atacar esa resolución que es ilegal, a nuestro juicio, por ende nula.

¿Tiene competencias la CONAMA para dictaminar algo así?

La CONAMA está facultada para modificar Resoluciones de Calificación Ambiental, pero sólo cuando las variables ambientales contempladas en el proyecto no se comportan como era esperado, pero en este caso no es que las variables ambientales hayan actuado de forma distinta, o sea, no es que el río haya cambiado su composición. Acá Celco actuó de mala fe, engañó al sistema y vertió riles que no estaban caracterizados en el EIA, por lo tanto acá lo que ha ocurrido es validar un actuar ilegal, con otro acto ilegal, en este caso de la CONAMA. Lo que correspondía hacer en este caso era una nueva Evaluación de Impacto Ambiental, que no se ha hecho.

CELCO, MEHUÍN Y EL DUCTO AL MAR

Tras el desastre del santuario, la empresa Celco propuso retomar una idea contemplada en el proyecto original, y que consistía en descargar los riles directamente en el mar, a través de un ducto submarino. Esa propuesta generó un profundo rechazo por parte de los pescadores de la caleta Mehuín, en la costa de la Décima Región, los que siguen oponiéndose férreamente al proyecto, pues consideran que provocaría en el océano los mismos daños que causó en el Río Cruces, afectando los recursos marinos y por ende, acabando con su forma de vida.

¿Qué opinas de la idea de construir un ducto al mar?

Ahí hay una situación de hecho: los pescadores y la gente de la costa no va a aceptar que se construya un ducto al mar. Por otra parte se van a afectar áreas de manejo que hoy día son asignadas con derechos reales de uso sobre los recursos marinos que ahí se encuentran, los que serían claramente afectados por los contaminantes. Y además de eso el vertido al mar revierte los compromisos internacionales asumidos por Chile de suscribir los convenios de protección de las aguas del Pacífico sudeste, ya que en este caso se establecía que desde los ochenta no podía aumentar la emisión de compuestos orgánicos persistentes. Entonces es claramente ilegal e inaceptable proponer ductos y emisarios como solución a los problemas de contaminación. Es un tema que nosotros como país marítimo debemos enfrentar, pero Chile vive de espaldas al mar y lo ve como un basurero, y eso es inaceptable, porque ahí está nuestra principal riqueza.