Observatorio Medioambiental
Royalty salmonero

Por Cristián Gutiérrez, economista y jefe Campaña Salmonicultura de Oceana

El borde costero es un bien de uso público que pertenece a toda la nación. La regulación del otorgamiento de concesiones privadas debe estar dirigida a resguardar intereses públicos.  

En estos días se ha planteado de nuevo un debate acerca de la eventual aplicación de un royalty salmonero. Sin perjuicio de la posición que uno pueda tener al respecto, nos parece conveniente aclarar algunos conceptos vertidos en esta discusión para que la ciudadanía pueda entender de manera correcta la naturaleza de esta herramienta económica. 

La aplicación de un royalty no tiene una relación directa con el nivel de utilidades obtenidas por las empresas, ni con las externalidades negativas (la contaminación) generadas por la actividad ni tampoco con el aporte que se haga al fisco chileno. La razón de ser de los royalties tiene relación con el surgimiento de rentas producto de la escasez de un recurso clave en el proceso productivo, el que adquiere su valor al interactuar una demanda creciente con una oferta limitada (perfectamente inelástica en términos económicos). En otras palabras, el royalty no constituye más que el pago por el aprovechamiento de un recurso escaso a su propietario, tal como se paga por el resto de los insumos que se utilizan en el proceso productivo. Que el recurso en cuestión sea renovable o no es irrelevante para la discusión.

En el caso del desarrollo de la salmonicultura, este recurso escaso lo constituye el borde costero (y el recurso hídrico asociado a éste).

En la actualidad, el único pago que se realiza para acceder a dicho recurso es una patente, cuyo valor es significativamente inferior a su potencial precio de reventa, lo que fue develado en la época en que existía un mercado secundario de concesiones acuícolas, antes de que se efectuara una enmienda legislativa en 2005, con la que se limitaron fuertemente estos traspasos. Esta diferencia de precio demuestra que la industria salmonera se encuentra extrayendo una renta a partir del uso del borde costero al no pagar por el valor real de este recurso, lo cual a su vez genera una serie de ineficiencias y de distorsiones.

Por un lado se incentiva la sobreinversión, desviando recursos económicos a una sola actividad que, de tener que pagar por el valor real de los recursos, no sería tan rentable, y por otro, como consecuencia de lo anterior, se produce la sobreexplotación del recurso natural usado en el proceso de cultivo del salmón. Además, debemos considerar el impacto negativo de este cultivo intensivo sobre actividades económicas que compiten con la acuicultura por el uso del borde costero, como la pesca artesanal y el turismo.

Cualquier política pública que busque regular la utilización del borde costero y evitar las distorsiones asociadas al surgimiento de rentas en este sector, más allá de la aplicación de un determinado royalty o regalía, tiene que pasar necesariamente por revisar los objetivos del proceso de entrega de concesiones acuícolas y el valor de la patente única de acuicultura, así como por explorar mecanismos de licitación de concesiones.

El borde costero es un bien nacional de uso público que pertenece a toda la nación. La regulación del otorgamiento de concesiones privadas debe estar dirigida a resguardar ciertos intereses públicos, en especial la sustentabilidad del recurso concesionado, la obtención de un retorno equivalente al costo que representa para el país autorizar la operación de estas actividades de alto impacto en el entorno y la compatibilidad de la actividad salmonera con los intereses del resto de los actores presentes en la zona.

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